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La Tercera, 14.1.00

Straw le cierra las puertas al juez Garzón. Ministro niega acceso a informes médicos de Pinochet. Paola Sais

En contraste con su colaboración inicial con el magistrado español, Jack Straw negó la solicitud para cuestionar la liberación de Augusto Pinochet por razones humanitarias. Su decisión prácticamente hace irreversible el regreso.

A puertas cerradas en su despacho de Madrid, el juez español Baltasar Garzón estudia desde ayer las posibilidades reales que tiene de enfrentar con éxito al ministro del Interior de Gran Bretaña, Jack Straw, quien con su decisión de no extraditar al general (R) Augusto Pinochet pasó -en minutos- de ser su excelente aliado a un complicado enemigo.

Cercanos al magistrado reconocen que luego de revisar el comunicado oficial del Home Office, en el cual Straw señala que a la luz de los resultados de los exámenes médicos que se le practicaron al senador vitalicio concluyó que no está en condiciones de salud para enfrentar un juicio, se entendió que las posibilidades de Garzón para revertir el nuevo escenario planteado por el ministro inglés son casi nulas.

Esto, no sólo por las amplias facultades discrecionales de Straw, quien es en definitiva el que define las órdenes de extradición -por sobre las cortes británicas-, sino también por la actitud asumida por el gobierno español al dar garantías a Chile de que no tramitarán ninguna alegación del magistrado al Reino Unido, a menos que "incluya nuevos antecedentes" al caso.

Estos "nuevos antecedentes" son los que intenta encontrar Garzón. Ayer recepcionó las opiniones que el miércoles solicitó a las distintas partes involucradas en el juicio abierto que le sigue a Pinochet en España. Entre estas alegaciones, sólo las de la Fiscalía hispana son contrarias a sus fines, reiterando sus informes donde señalan que España no tiene jurisdicción para juzgar al senador vitalicio.

Los abogados querellantes Joan Garcés y Manuel Murillo le hicieron llegar un escrito en el cual plantean que el gobierno británico incumplió la Convención contra La Tortura, en su artículo 9.1, por la forma en que se hizo el examen médico sobre el cual Londres tomó su decisión -sin admitir observadores de la Fiscalía inglesa- y por no haberlo facilitado a España.

Dicho artículo señala que "los Estados partes se prestarán todo el auxilio posible en lo que respecta a cualquier procedimiento penal relativo a los delitos previstos en el artículo 4, inclusive el suministro de todas las pruebas necesarias para el proceso que obren en su poder".

Los representantes de Izquierda Unida (IU), encabezada por el abogado Enrique Santiago, hicieron ver a Garzón que durante el proceso de Nüremberg contra los responsables de los delitos de genocidio se juzgó a personas con trastornos mentales, y que la confidencialidad esgrimida por Straw para no dar a conocer los exámenes "vulnera el principio de indefensión".

SIN MARGEN DE MANIOBRA

A cinco días de vencer el plazo entregado por Straw para que las partes involucradas en el caso Pinochet hagan llegar sus versiones, la mejor posibilidad de Garzón ahora se concentra en alegar en contra de la confidencialidad del informe médico sobre el cual la autoridad inglesa basó su decisión.

Fuentes jurídicas chilenas consultadas por La Tercera dijeron que el magistrado puede alegar no haber sido informado, pese a ser parte involucrada en el proceso (a través de la Fiscalía Inglesa).

"Sin embargo, estos intentos chocarán con la decisión del gobierno español de no presentar descargos a Straw, a menos que sean datos nuevos. Con lo que Garzón pretende demostrar sólo se estaría poniendo en tela de juicio el sistema inglés y a la misma autoridad británica que fue la que designó a los médicos que llevaron a cabo el chequeo", dijeron.

Las fuentes consultadas reconocieron que la decisión asumida por el palacio de La Moncloa "seguramente derivará en un conflicto de competencia interna, pues hasta ahora Garzón siempre ha pasado por sobre el Ejecutivo y se ha comunicado directamente con la Fiscalía". Ante la presión del magistrado, no se descarta que José María Aznar, jefe del gobierno hispano, ceda a las presiones y presente las alegaciones de Garzón exigiendo conocer el informe médico.

No obstante, el mismo Straw cerró ayer esa puerta al señalar durante una entrevista con BBC que "básicamente lo esencial de este informe médico era que se me diera a conocer a mí y a las autoridades del Servicio de Prosecución (policía inglesa), y ambas cosas ya se hicieron", descartando así toda posibilidad de entregar una copia de los resultados a la parte querellante.

El otro camino para Garzón durante esta semana -si es que su gobierno se niega a hacer llegar sus descargos a Straw- es que lo anexe a las representaciones de alguna de las entidades de derechos humanos involucradas en el proceso. Este escenario tampoco augura buenos resultados para el magistrado, pues al ser partes intervinientes en el caso y no directas no tendrían mayor peso en la decisión.

De resolver Straw la liberación de Pinochet por razones humanitarias, el margen de maniobra del juez hispano se limitará a intentar que la High Court acepte acoger una revisión judicial, probando que el ministro inglés actuó "de forma irracional", o tramitando con éxito una orden internacional de captura. Esta última medida sólo complicaría el regreso de Pinochet a Chile, pero no obligaría al Reino Unido a mantenerlo en su territorio.

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