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ABOGADO ESPAÑOL Y ABOGADO CHILENO SE DIRIGEN A MINISTRO STRAW

26 de febrero de 2000

Excmo. Sr. Jack Straw:

Queremos presentarle nuestro más profundo rechazo e indignación por el anuncio de su posible decisión de liberar al detenido General Augusto Pinochet de su proceso de extradición, por razones humanitarias.

El artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de 1969, establece que "Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado", por lo tanto, no se podrá justificar el incumplimiento de un Tratado como la Convención contra la Tortura de 1984, ante un Tribunal, alegando la aplicación de disposiciones de derecho interno.

Si no lo puede hacer un Estado, tampoco lo puede hacer su representante. Por lo tanto, el Ministro del Interior no podrá invocar la aplicación de disposiciones de derecho interno como justificación del incumplimiento de la Convención contra la Tortura.

Las "razones humanitarias" no existen como excepción al procesamiento de crímenes contra la humanidad, no se contemplan ni en el Estatuto del Tribunal de Nuremberg ni en su fallo, ni en otros instrumentos internacionales; su decisión es pues, contraria al Derecho consuetudinario inglés, el cual forma parte como bien sabe, del Derecho consuetudinario internacional, teniendo Ud. la obligación de aplicarlo.

Las razones humanitarias tampoco se contemplan como excepción en la Convención contra la Tortura, la cual, como han considerado la mayoría de los Lores magistrados en el fallo del 24 de abril, parte de una definición de tortura que ya existía internacionalmente, por lo que el objetivo de la Convención es crear un medio procesal, al que se suman muchos países, para intentar asegurar el procesamiento de estos altísimos criminales que cometen torturas, con el fin de conseguir su persecución efectiva: difícil resulta aceptar que el Reino Unido, con su legislación interna, quiera imponer una excepción a esta legislación internacional y a este Tratado, en lo que constituye además, el fin esencial del mismo.

Las normas internas no se pueden invocar, pues, para justificar el incumplimiento de un Tratado: esto nos lleva a que, dado que su obligación es aplicar el Derecho Internacional, que impone en este supuesto la obligación de juzgar o de extraditar, en caso que incurra Ud. en incumplimiento, aún cuando sea alegando razones de derecho interno, podrá ser llevado ante los Tribunales de Inglaterra por la imputación de un delito de encubrimiento (complicity as accesory after the fact) de crímenes de torturas y de conspiración para torturar: le manifestamos, por la presente carta, la más firme decisión de los abajo firmantes, y de las organizaciones que representamos, de llevarle a los Tribunales penales de Inglaterra.

Fallo de 24 de abril de 1999, recaído en el "caso Pinochet": "And it is broad enough to include the ancillary offences of counseling, procuring, commanding, aiding and abetting, or being accesory before or after the fact to, these acts of torture. Ill-defined as this charge is, I would regard it as including allegations of torture and of conspiracy to torture after 29 september 1988 for which, if he has no inmunity, (he who commits the violation) could be extradited to Spain on the ground that, as they were extra-territorial offences against the law of the United Kingdom, they were extradition crimes within the meaning of section 2(1) of the Act of 1989" Lord Hope of Craighead.

Por tanto el encubrimiento no sólo se contempla como un delito "accesorio" de los delitos principales de torturas y conspiración para torturar, sino que se entiende igualmente que es un delito que podría dar incluso lugar a extradición a España, de acuerdo con la Ley inglesa, de aquél a quien se impute un cargo de encubrimiento.

Sí, esa norma interna no sirve de excusa para el incumplimiento de un Tratado, su obligación es aplicar el Derecho Internacional tal cual, y de no cumplirla, podrá imputársele claramente el delito de encubrimiento de los delitos internacionales de torturas y conspiración para torturar, por lo que procederemos a su persecución.

Además, el artículo 53 de la misma Convención de Viena, establece que tampoco podrá invocarse la celebración de tratados internacionales particulares para justificar el incumplimiento de una norma más general, como es la obligación internacional de perseguir la tortura: por lo que no podrá apoyarse ni en normas dedercho interno, ni en tratados particulares (como el Convenio Europeo de Extradición, o cualquier otro).

Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, de 1969 Artículo 53. "Es nulo todo tratado que en el momento de su celebración, esté en oposición con una norma imperativa de Derecho Internacional General".

Toda norma o tratado internacional particular (por ejemplo, celebrado entre España y el Reino Unido) que se oponga a una norma internacional de carácter general (por ejemplo, la obligatoriedad de perseguir la tortura), es nula, y no podrá invocarse en los tribunales como justificación de haber evadido la aplicación de una norma internacional general.

Tenga en cuenta además que el Convenio de Viena sobre Derecho de los Tratados, de 1969, es Derecho interno de Inglaterra, y tiene además en el ámbito internacional, un valor cuasi-constitucional, y difícil es que la norma mencionada no sea contemplada por los Tribunales.

O, en su caso, ya veremos cómo la contemplan los Tribunales al estudiar su caso, o en última instancia, la comisión de Law Lords elegidos.

(Algunos de los cuales, en el fallo del 24 de abril de 1999 dictaminaron fundamentándose exclusivamente en normas de Derecho Internacional General, aceptando otros en varios puntos la superioridad del Derecho Internacional para definir el modo de interpretar y aplicar el Derecho inglés, consecuencia de todo lo cual es el fallo que conocemos; y sin que aceptaran tampoco la unanimidad "rationae materiae" para paralizar el proceso.)

Le avisamos asimismo de que el delito que le imputamos es asimismo perseguible mediante jurisdicción universal, por ser también un delito derivado de la Convención contra la Tortura de 1984.

Queremos mostrar, por último, nuestro más profundo rechazo e indignación por el modo de proceder que ha tenido, solicitándose unos informes médicos que después no se han dado a conocer, derecho que parece esencial para ejercer cualquier fundamental defensa. El que en ello pueda apreciarse o no complicidad lo dejaremos en manos de los Tribunales y de la comisión de "Law Lords" elegidos para, en última instancia, decidir su caso.

Atentamente,

Carlos de Miguel, Abogado español.
Juan Subercaseaux, Abogado chileno.

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