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Abogados Joan Garcés y Manuel Murillo denuncian anómala retención de información legal procedente del Reino Unido por parte de Ministerio de Asuntos Exteriores

NOTA DE PRENSA

De: Equipo director de la acusación particular y popular en proceso a Pinochet y otros ante la Audiencia Nacional de España por genocidio, terrorismo y torturas

Madrid, 22 de enero de 2000

En las últimas horas se están produciendo hechos anómalos, susceptibles de graves consecuencias jurídicas.

En el Ministerio de Asuntos Exteriores de España se encuentra retenida información remitida por el Crown Prosecutor Service (CPS), relativa al procedimiento de extradición en curso de Augusto Pinochet, que no es entregada al Juzgado competente de la Audiencia Nacional. A su vez, se retienen comunicaciones dirigidas por la Justicia española a los abogados del CPS.

En concreto, se mantiene retenido el informe del CPS, de fecha jueves 20 de enero, que informa favorablemente sobre la sólida base legal de interponer recurso ante una eventual decisión del Home Office desfavorable a la solicitud española. El CPS ha solicitado que dentro de este fin de semana, es decir antes del lunes 24 de enero, se le den las oportunas instrucciones por parte de la autoridad competente española en este proceso de extradición.

De acuerdo con la Ley española y el Convenio Europeo de Extradición es el Juez de Instrucción quien tiene la jurisdicción sobre el proceso penal y las incidencias en el mismo, entre ellas la orden de captura del fugitivo para su puesta a disposición del Tribunal de Justicia, así como el proceso de extradición correspondiente. Es la autoridad judicial española quien impartió la instrucción al CPS, en noviembre de 1998, de interponer recurso ante la Cámara de los Lores contra una resolución adversa de la High Court de Inglaterra y Gales. La Cámara de los Lores resolvió a favor de España.

Esta actitud del Ministerio de Asuntos Exteriores pudiera significar una obstrucción a la justicia penal, en menoscabo de principios básicos del Estado de Derecho constitucional, de las obligaciones del Estado español en el Convenio contra la Tortura y del derecho a la tutela judicial efectiva, incluido el derecho a los recursos, de las víctimas de los masivos crímenes imputados a Pinochet.

La defensa de las víctimas personadas en el procedimiento penal como acusación particular y popular, están estudiando las medidas legales a adoptar para el caso de que se consume la obstrucción de la normal y fluida comunicación entre el Juzgado Instructor y el CPS en perjuicio de la solicitud española de extradición.

Joan E. Garcés, Abogado
Manuel Murillo, Abogado

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