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El País, 14.10.99

Pinochet. Jaime García Añoveros

Acabamos de tener, en una de las incidencias judiciales del caso Pinochet, una sentencia admirable, la del magistrado señor Bartle, por el razonamiento y el tono que subyace en esta decisión jurídica. Sentencia en un procedimiento de extradición, lo que hace de ella una decisión de alcance limitado y preciso; pero me refiero al tono mesurado y a la vez firme con que la resolución está redactada, y en un lenguaje asequible a quien no sea un especialista: en tal sentido, es una resolución didáctica y la primera enseñanza es que estamos en casos de tortura.

Es inevitable que en el caso Pinochet se mezclen consideraciones políticas y jurídicas; pero, en todo caso, lo que me parece importante es que es consecuencia de un acuerdo internacional amplio en un mundo que ha decidido proscribir la tortura, y especialmente como método de ejercicio del poder. Algunos aspectos, sin embargo, desatan pasiones que contribuyen a oscurecer lo que debe estar claro y dan lugar a reacciones que producen rechazo.

El dictador Pinochet no se encuentra con los problemas que ahora le acucian por haber sido dictador, por haber dado un golpe de Estado, por hacer política económica liberal o por ser de derechas. El senador se encuentra en estos apuros, única y exclusivamente, por haber utilizado unos modos de acción política inaceptables por gente decente, y que son el genocidio y la tortura, y ahora sólo la tortura y actuaciones relacionadas con ella. El señor Pinochet es así un caso notorio, el primero quizá en notoriedad de un modo de sentir que se ha traducido en medidas jurídicas nacionales e internacionales tendentes a reprimir el uso, también por gobernantes, de métodos de acción que repugnan a la sensibilidad de la gente de bien. Y, a tal efecto, que haya sido o sea de esta ideología o de la otra es accidental. La tortura es repugnante, y está jurídicamente perseguida, "venga de donde viniere", amigos o adversarios, eficaces o desastrosos, simpáticos o antipáticos. Rodear esto de connotaciones políticas oculta la desnuda realidad de nuestro sentir; la tortura está reprimida de la forma que se indica aunque se abrigue en aparatos u organizaciones represivas de la más exquisita de las democracias, lo que no es imposible.

Otro aspecto que produce cierta repugnancia es el de la agudización nacionalista y chauvinista que ha aparecido, y, sobre todo, en Chile y en el Reino Unido. La apelación de ciertos sectores políticos a la soberanía ultrajada y cosas así es muy chocante en algunos casos, y en otros más comprensible; se sacan a flote, al fin, la ciega jutificación de la razón de Estado, y el más cerril de los sentimientos digamos patrióticos. Además, la persecución judicial de Pinochet no ha sido ninguna iniciativa española ni de ningún juez ni órgano del Estado español, sino de los innumerables denunciantes, chilenos en su mayoría, que encontraron un lugar en el que estaban dispuestos a oírles, y de acuerdo con leyes aplicables en España.

Porque estamos hablando de tortura; es más difícil, si así puede uno expresarse, ser un genocida que un torturador, y estas leyes y convenios firmados pueden introducir inseguridad para muchos detentadores del poder que tienen, o han tenido, prendas poco deseables en sus respectivos armarios.

Pero también cabe una posición política menos proclive a este tipo de justicia basándose en el bien que puede obtenerse, para todo un pueblo, como consecuencia de ciertos olvidos, en épocas de transición, digamos, de la barbarie a la civilización humanizada; cosa muy distinta de sacar a relucir los espantajos peores del orgullo colectivo. Comprendo la incómoda posición de ciertos políticos chilenos que tienen la responsabilidad y el deseo de llevar las cosas de su país a buen puerto. Es más fácil aceptar la razón de Estado democrática para suavizar una reacción punitiva.

Ahí queda la proscripción universal de la tortura, que queda eliminada así de la razón de Estado atendible por los medios judiciales y penitenciarios que procedan. Otra cosa distinta será el trato que se haya de dar al torturador, por conveniencia política y aún razones humanitarias. Pero una vez que queden claras las posiciones de la justicia y la satisfacción debida a las víctimas.

 

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