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El País, 4.10.99

Otras caras del caso Pinochet. Andrés Ortega

Se ha insistido hasta la saciedad en que, termine como termine, el caso Pinochet es un paso importante hacia una justicia universal. Sea como sea, la persona de Pinochet no debe salir ni saldrá ya indemne de este percance judicial. Pero más allá de lo moralmente deseable y de lo políticamente correcto, e incluso obviando el deterioro que ha causado en las relaciones entre España y Chile -pues este caso se ha tratado desde la política interior y no desde la exterior por ambas partes-, cabe plantear otras dimensiones, aunque sea desde un realismo modesto y molesto. Pinochet ha caído en una red de convenios multilaterales y bilaterales que no existían cuando instauró su sanguinaria dictadura: convenio contra la tortura, convenio europeo de extradición; extraterritorialidad de la legislación penal española; etcétera. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dejado claro que los jueces españoles tienen jurisdicción en esta materia. Los jueces británicos tienen que pronunciarse técnicamente sobre la demanda de extradición. Pero no hubiera estado de más que antes, justo después de la detención del dictador, se hubiera intentado aclarar algunos extremos, por ejemplo, habiendo solicitado el parecer, no ya sobre el arbitraje u otra salida, sino sobre el fondo de la cuestión al Consejo de Estado; que para eso está. Resultaría útil que el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya lo hiciera, si actúa con profundidad y no utilizando un procedimiento sumario. No deja, sin embargo, de extrañar que un Gobierno, el español, llegue casi a alegrarse de que otro Estado, el chileno, pueda llevar a España a La Haya acusándole de violar el derecho internacional.

Estamos ante una intromisión del poder judicial de un Estado en otro Estado; en la entrada del parámetro judicial en la política exterior e internacional. Son los primeros elementos de eso que se llama la globalización judicial. Aunque cabe recordar que hubiera bastado que el senador vitalicio se hubiera pertrechado de la correspondiente cobertura diplomática en su viaje a Londres para que no hubiese habido caso Pinochet. Un simple papel. Pero, probablemente, el antiguo jefe de Estado consideró que no lo necesitaba, o no se fiaba suficientemente del Ministerio de Asuntos Exteriores de su país, que debía tramitarlo. ¿Se le tendió una trampa? Algunos responsables chilenos así lo creían hace unos meses, y no apuntaban precisamente al juez Garzón.

Hay un riesgo con este caso, o con lo ocurrido en la antigua Yugoslavia o en Ruanda: que una parte del mundo -especialmente ahora en América Latina- vea esta justicia, y en general el nuevo intervencionismo, como la de los Estados grandes contra otros más pequeños, que aunque sea contra dirigentes que torturan o asesinan, sigue siendo selectiva. Hoy por hoy, nadie se plantea detener o juzgar a ningún dirigente chino por la represión de Tiannanmen o Tíbet; o a ningún ruso por Chechenia.

Ante el desbarajuste que puede suponer que cualquier juez en cualquier país pueda pedir la detención y extradición de cualquier sospechoso de crímenes contra la humanidad, el caso Pinochet ha puesto de relieve la necesidad de una justicia mundial propiamente estructurada, la que se pretende con la Corte Penal Internacional (CPI), cuyo estatuto se firmó en Roma un año atrás y que debería entrar en vigor con el nuevo siglo. ¿Lo ratificará ahora Chile, que lo firmó antes de la detención de Pinochet? Claro que el estatuto no tendrá carácter retroactivo, por lo que sólo se aplicará a los Pinochet del futuro. La CPI tendrá una función disuasoria. Aunque la Corte será un gran avance para el derecho humanitario, el futuro nuevo ordenamiento, e incluso el caso Pinochet, pueden tener un efecto perverso: que los dictadores -que los hay y los habrá- se resistan a pactar transiciones y que, una vez perpetrados sus crímenes, sólo vean como salida la de aguantar hasta salir con los pies por delante. ¿Hubiera pactado Pinochet la transición a medias en Chile de haber previsto lo que podía ocurrirle? Probablemente, no. Dicho esto, lo que más importa hoy es el efecto, de signo incierto, que pueda tener la evolución de este caso en la situación interna chilena.

aortega@elpais.es

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